Partamos de un mundo en transformación, con los sistemas políticos, sociales y tecnológicos en evolución constante, arrastrando prácticas del pasado y probando otras cuyo resultado no tenemos garantizado. Los medios se enfrentan a un cambio de modelo (Lewis, en Sampedro, 2021), en el que ni ellos ni las nuevas protagonistas del discurso mediático, las redes sociales, parecen ser concebidas ya como el espejo del mundo (Sampedro, 2021). Estas nuevas realidades políticas, sociales y tecnológicas tienen y necesitan unas normas, y muchos se preguntan cómo puede seguirles el paso un periodismo-comunicación cuyos intentos de control han resultado siempre traumáticos.
El peligro de las injerencias políticas y de los poderes económicos y los grupos de presión está ahí, acechando las posibles regulaciones públicas. Todos conocemos casos de medios manipulados, puestos al servicio del partido o la persona que gobierna y, en muchas ocasiones, irrelevante para la sociedad a la que debe dar servicio. Fuera de las democracias, tanto temporal como geográficamente, el control público llega a su máxima expresión con la censura y la propaganda de una TVE en la etapa franquista o una Televisión Central en la lejana Corea del Norte. Así, el control público es entendido como un recorte o una limitación, cuando no una eliminación, de la libertad de expresión. Un concepto poco o nada romántico dentro de una profesión, la periodística, que de hecho afirma que “el derecho ha de defender la libertad de expresión, no limitarla” (Aznar, 1998) o llama a “la existencia de un máximo ético y un mínimo jurídico” (Núñez Encabo en Aznar, 1998). Y un temor justificado si, como hicimos solo unas líneas atrás, miramos al pasado, al lejano oriente o a casos no tan lejanos temporal y espacialmente hablando.
No obstante, ya lo dije en una intervención en el debate, sería inocente pensar que en un mercado desregularizado o mixto como el actual no existe esta influencia directa de los poderes sobre los medios, gestionados por grandes corporaciones y subyugados a la financiación institucional y publicitaria. Probablemente podamos hablar de medios politizados, de política mediatizada (Rodríguez, 2011); de plataformas descontroladas; de periodistas cuestionados y, ante todo, de una audiencia más comunicada y quizá menos informada que nunca.
Todo ello me lleva a dos conclusiones: que los efectos últimos de la regulación y de la desregulación totales son en cierto punto similares o, al menos, nocivos. Y, por otra parte, que es necesario un marco que nazca desde los propios periodistas, los propios canales, y la propia audiencia. Pero, ¿es esto posible? ¿Es la autorregulación una posibilidad o una ensoñación? Y, quizá no menos importante, ¿es suficiente cuando hablamos de garantizar el acceso a la información y el ejercicio de la libertad?
Periodistas, canales y audiencias
La figura regulatoria más popular entre los periodistas parece ser la de la autorregulación, la opción más romántica y benevolente con la propia figura del periodista, al ofrecerle la oportunidad de regularse sin depender tanto de los poderes políticos y económicos que representan las otras dos opciones. Los textos que hemos podido leer en la asignatura y los post de mis compañeros resumen muy bien las ventajas de la autorregulación, que van desde la concreción y especialización de sus medidas a lo natural de su ejecución por parte de los propios medios y periodistas, resultando en medios y periodistas más libres, comprometidos con las normas que ellos mismos han creado y, en general, un ambiente regulatorio más plural, adaptado y adaptable a las particularidades de cada canal y cada medio. Plantea a periodistas y medios un desafío enorme, en el que deben hacer un ejercicio de responsabilidad, ética y profesionalidad y en el que, creo, no deben estar solos.
Es importante que los canales de difusión de la información también estén autorregulados en un contexto de comunicación masiva y desbordante, de viralización y de fenómenos como las fake-news, especialmente en los canales y redes sociales. Estos canales han acogido en su seno a medios tradicionales y de nueva creación, a personas influyentes política y socialmente, y a millones de usuarios que los utilizan como fuente informativa y de entretenimiento. Cuando hablamos de la necesidad de que los medios y periodistas se regulen, sea de forma interna (auto) o externa, muchas veces aún no pensamos en qué debería ocurrir con los canales a través de los que se difunden. ¿Qué responsabilidad tiene Twitter en que un bulo del Medio X se difunda y viralice en apenas unas horas? ¿Es solo un problema del propio Medio X y sus periodistas o de la audiencia que lo recibe y comparte? Mi postura es que, en efecto, el canal, red o medio social también es responsable de que se lleve a cabo un correcto uso de la libertad de expresión, de garantizar la honestidad y la ética de los contenidos que se difunden a través de él. Creo que estos canales requieren medidas de autorregulación para trabajar en contra de las fake-news, el acoso selectivo y la difusión de contenido nocivo. Y creo que deben estar contemplados en las diferentes legislaciones que plantean las regulaciones básicas en cada país. Solo así podremos hablar de un panorama mediático que, desde todos sus ángulos, está comprometido con la honestidad, la veracidad, y el servicio al público.
Y hay un último punto que va unido a los demás: la propia sociedad. Si partimos de que “nada engancha más a un debate que la polarización y el enfrentamiento” (Bessi y otros en Sampedro, 2021) y de que “la mentira bien guionizada se viraliza antes que las noticias veraces” (Vosoughi, Roy y Aral en Sampedro, 2021), la audiencia parece muy responsable de la calidad del producto final que recibe. Como ser colectivo e individual, ha de enfrentarse a una cantidad enorme de información y desinformación, a una exposición constante a los estímulos, y hacerlo sin tener las herramientas ni el tiempo para verificar el contenido que consumen. Los periodistas y canales deben procurar que les llegue un contenido lo más depurado y fiel posible, pero la audiencia también debe exigir a periodistas, medios y canales que esta información cumpla con unos parámetros básicos. Deben exigir y pueden denunciar -activamente o dejando de consumir en un futuro- el mal uso que se hace de la comunicación y, en definitiva, de su atención.
Democracia
Pese a las características positivas de la autorregulación, el esfuerzo colectivo de periodistas, medios y canales puede quedar en nada si una parte de ellos se descuelga del compromiso con la audiencia. De momento, la autorregulación se ha mostrado incapaz (Rodríguez, 2011), o al menos insuficiente, de hacer frente por sí misma al maremagnum mediático y comunicacional al que nos enfrentamos. De ahí la necesidad, bajo mi punto de vista, de optar por un modelo mixto en el que el trabajo autorregulador se vea acompañado por una regulación básica en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Una regularización democrática, nacida de los poderes democráticos y del compromiso con la sociedad y su derecho a expresarte y estar informada. Y qué hay más democrático que el pueblo. Un compañero dijo en el debate que “la audiencia tendría la labor de defender que se cumpla este control y no se lo altere a beneficio de uno u otro, por ello sería importante su voz.” Y creo que ahí está la clave para defender la regularización. En hablar de una regularización ejercida por la administración (los gobiernos, entidades supranacionales y la justicia) pero emanada, demanda y observada directamente por la población. Si la crisis del periodismo se ha debido, en gran parte, a que perdió su papel de servicio público (Blumler en Sampedro, 2021), quizá ha llegado el momento de que sea la sociedad la que demande, gestione y regularice que los medios cumplan con ese servicio público.
“La democracia es un punto de partida, no de llegada.”
Sampedro, 2021